
El Gobierno de Chile presentó un proyecto de ley para regular el juego en línea con licencias de cinco años, prohibición total de publicidad, verificaciones biométricas y un 19% de IVA sobre el GGR más 3% adicional. Incluye límites de depósitos, exclusiones de registro y un mecanismo de regularización tributaria para operadores previos. La iniciativa prioriza la protección al consumidor y la formalización del mercado.
SCCG Take — Esta propuesta ofrece claridad regulatoria pero sus restricciones publicitarias y tributarias podrían elevar las barreras de entrada. Los operadores deberán evaluar la regularización tributaria para participar en un mercado que aún requiere aprobación parlamentaria.
El Gobierno de Chile presentó formalmente ante el Senado un proyecto de ley de 114 páginas que busca regular las apuestas deportivas y el juego en línea. Firmado por el presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz, Daniel Mas, May Chomalí, Fernando Rabat y Claudio Alvarado, el documento titulado Bill on Online Betting Regulation, Child Protection and the Prevention of Problem Gambling propone licencias de cinco años, una prohibición integral de publicidad, verificaciones biométricas y nuevas obligaciones tributarias. Según reportó Zona de Azar, la iniciativa busca establecer un sistema de licencias con supervisión reforzada y medidas de protección al consumidor.
El proyecto establece licencias válidas por cinco años con una tarifa anual de 1.000 UTM. Los operadores deberán pagar un 19% de IVA calculado sobre el Ingreso Bruto del Juego (GGR), más un impuesto adicional del 3%. Se prohíbe la publicidad y los incentivos comerciales en todo el país, incluyendo bonos de bienvenida, depósitos y recompensas. Esta restricción alcanza a anunciantes, diseñadores, medios, intermediarios e influencers. Los contratos de patrocinio deportivo existentes podrían mantenerse por un máximo de un año fuera de horarios protegidos para menores.
Se requerirá verificación biométrica de identidad para confirmar los datos contra registros oficiales. Quedarán excluidos del registro las personas en prisión, las inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias y quienes estén en esquemas de autoexclusión. Se aplicarán límites periódicos de depósitos y de duración de sesiones de juego, que se definirán en una futura regulación del Ministerio de Hacienda revisada cada cuatro años. Los casinos terrestres podrán ofrecer terminales de apuestas digitales mediante acuerdos con operadores licenciados. Se crea además un Fondo para la Prevención y Tratamiento del Juego Problemático a cargo de los ministerios de Salud y Desarrollo Social.
Para operadores que prestaron servicios sin autorización previamente, se contempla un período de enfriamiento de 12 meses. Sin embargo, existe un procedimiento especial de regularización tributaria que exige el pago de 3.000 UTM, el cumplimiento de obligaciones de IVA digital y la declaración de impuestos de los 36 meses anteriores. Quienes completen este proceso podrían quedar exentos de ciertas responsabilidades civiles, penales o administrativas. El proyecto aún debe completar el proceso parlamentario y no constituye un requisito legal vinculante por ahora. Las restricciones publicitarias, la tributación y los requisitos de identificación serán temas centrales en el debate legislativo.
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