
Las defensas en el caso de casinos ilegales en Concepción cuestionan la entrega de 1.500 tragamonedas incautadas a la Asociación de Casinos como custodio. Esto podría invalidar pruebas clave en tres causas judiciales con penas de hasta 25 años. El nuevo fiscal Roberto Garrido deberá evaluar la revisión del procedimiento.
SCCG Take — El manejo irregular de evidencias en investigaciones de juego ilegal expone riesgos de nulidad procesal. Reguladores y operadores deben priorizar cadenas de custodia estrictas para mantener la credibilidad de las acciones judiciales.
Las defensas de los acusados por operar presuntos casinos ilegales en Concepción cuestionan la decisión del Ministerio Público de autorizar a la Asociación de Casinos, en su rol de querellante, la custodia de las máquinas tragamonedas decomisadas en 2024. Los abogados sostienen que esta medida compromete la integridad de las pruebas y piden que el nuevo fiscal regional, Roberto Garrido, revise el procedimiento antes de avanzar hacia juicio.
Según un oficio fechado el 5 de agosto de 2025 firmado por la entonces directora ejecutiva de la Fiscalía Regional, Ximena Hassi, se entregó a la Asociación de Casinos la custodia de 1.500 máquinas tragamonedas. El operativo de ese año terminó con 19 detenidos, como informó Solo Azar. Esta situación genera dudas sobre la validez de la evidencia central del caso.
El abogado César Irribarra señaló que las máquinas, como prueba principal, no pueden quedar bajo control de la parte querellante sin afectar su uso en un eventual juicio. El planteo se centra en las garantías de preservación de la evidencia incautada. Irribarra indicó que desconoce si Garrido ya está al tanto, pero espera que evalúe desistir del caso si corresponde.
Giovanni Gotelli, otro defensor, evitó un llamado público y dejó la decisión en manos de la autoridad. La Fiscalía Regional del Bío Bío informó que Garrido no ha recibido aún una presentación formal sobre estos hechos. La controversia se suma a un proceso dividido en tres causas, todas en etapa de preparación de juicio.
La investigación comenzó durante la gestión de Marcela Cartagena y apunta a una red dedicada a la explotación de casinos fuera de la norma, asociación ilícita, lavado de activos y comercio clandestino. Las penas solicitadas podrían alcanzar los 25 años de prisión. Las defensas insisten en que se revisen las condiciones de custodia para resguardar la integridad de los elementos decomisados, mientras la Fiscalía no ha informado de decisiones al respecto.
Reporting: Solo Azar
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