El verdadero tamaño del juego gris e ilegal en México representa entre el 30% y 40% del mercado

La industria del entretenimiento basado en el azar en México muestra una brecha significativa entre el sector regulado y las operaciones no autorizadas. Según un análisis publicado por Solo Azar, el juego gris y el ilegal representan entre el 30% y 40% del mercado total de apuestas. La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) registra cerca de 400 salas físicas autorizadas, además de operadores en línea con licencias oficiales. Sin embargo, analistas indican que por cada peso regulado circula una porción considerable en canales no autorizados.

Estructura del mercado y brechas físicas

La composición estimada del mercado mexicano se divide en 60%-70% autorizado, 20%-25% gris (sitios internacionales offshore con licencias de Curazao o Malta) y 10%-15% ilegal, principalmente salas físicas clandestinas. En el ámbito presencial, decenas de miles de terminales de tragamonedas operan en comercios locales, farmacias y centros comunitarios sin supervisión de la SEGOB. Estos minicasinos representan el estrato más extendido del juego ilegal. Asimismo, establecimientos no permitidos reaparecen pese a operativos de clausura, muchos bajo amparos vencidos.

El segmento digital agrava la distorsión. El crecimiento de apuestas deportivas y casinos virtuales, impulsado por smartphones y pagos electrónicos, permite que plataformas offshore procesen transacciones locales sin pagar IEPS ni ISR. Carecen de bloqueo geográfico riguroso y evaden políticas de juego responsable. Los usuarios enfrentan riesgos medios en el mercado gris por falta de protección mexicana y críticos en el ilegal, con posibles fraudes y mal uso de datos.

Consecuencias y necesidad de actualización regulatoria

Las repercusiones abarcan pérdidas fiscales multimillonarias por omisión de IEPS e impuesto sobre la renta, ausencia de canales formales de conciliación ante la SEGOB para disputas o impagos, y competencia desleal. Los operadores regulados asumen altos costos de cumplimiento mientras competidores offshore operan sin cargas. Gerardo Ballesteros Félix Díaz, abogado especialista y socio de LC Gaming, señala que resulta prioritaria la actualización del marco normativo federal. La coordinación entre la DGJS, la autoridad fiscal y entidades financieras resulta clave para limitar el juego no regulado y promover un mercado transparente.

Reporting: Solo Azar

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