
Letitia James y Kathy Hochul ajuizaron acción contra Polymarket el 23/9 alegando operación de juego de azar sin licencia, exposición de menores de 21 años y competencia desleal. El proceso mira a QCX LLC que opera como Polymarket US y es similar al contra Kalshi en julio de 2026 por US$ 36 bilhões.
SCCG Take — Los reguladores latinoamericanos deben revisar sus normas de licencia y fiscalidad ante el riesgo de competencia desleal de plataformas no autorizadas, priorizando la protección de usuarios y la integridad del mercado.
La procuradora general de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora Kathy Hochul presentaron una demanda contra Polymarket el 23 de septiembre de 2026. La acusación central es que la plataforma opera juegos de azar sin licencia estatal al permitir que usuarios arriesguen dinero en eventos fuera de su control. La acción también destaca la exposición de menores de 21 años y la competencia desleal con operadores que pagan impuestos.
Según el reporte de BNLData, el proceso se dirige contra QCX LLC, que opera comercialmente como Polymarket US. “Ao contornar as leis de Nova York, a Polymarket mira os mais vulneráveis e priva famílias de serviços essenciais”, afirmó James, al señalar que los ingresos de los juegos financian programas educativos y servicios esenciales.
Las peticiones incluyen la prohibición total de operaciones en el estado, el decomiso de ganancias, el resarcimiento a usuarios y una multa equivalente al triple de los ingresos obtenidos. El argumento fiscal es central, pues casinos licenciados y casas de apuestas deportivas asumen costos tributarios que Polymarket evita. La plataforma inició operaciones en Estados Unidos en diciembre de 2025 y ya enfrenta este litigio menos de un año después.
Esta no es una acción aislada. En julio de 2026 se demandó a Kalshi por 36.000 millones de dólares bajo cargos similares. También se han procesado a Coinbase y Gemini, mientras Kentucky e Illinois abrieron frentes propios. Los mercados de predicción usan contratos que pagan 1 dólar o 0 según el resultado, generando probabilidades implícitas. Analistas de Bernstein proyectan un volumen negociado de 1 trillón de dólares para 2030 y ingresos cercanos a 10.800 millones de dólares. Las plataformas defienden su estatus bajo la supervisión de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, por sus siglas en inglés), con apoyo de la administración Trump, aunque la CFTC ha expresado reservas internas sobre manipulación.
Esta demanda en Nueva York resalta tensiones entre supervisiones estatales y federales que podrían anticipar escrutinios similares en la región. En el marco de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile, que exigen controles rigurosos contra el lavado de activos y la protección de menores en plataformas de juego en línea, el caso ilustra cómo las autoridades pueden priorizar la equidad fiscal y la integridad de mercado. El mecanismo que une ambos contextos es el riesgo de que plataformas sin licencia desplacen operadores regulados, alterando la recaudación tributaria y exponiendo a usuarios vulnerables, lo que podría llevar a reguladores locales a endurecer requisitos de licencia y monitoreo.
Sin embargo, la fuente no detalla conexiones específicas con una resolución de Coljuegos en Colombia ni con la normativa de MINCETUR en Perú, por lo que permanece desconocido el impacto preciso que un fallo en Nueva York tendría sobre inversores o operadores que expanden modelos de predicción en América Latina. Los reguladores regionales deberán observar el desarrollo del litigio para anticipar ajustes en sus propios marcos.
Reporting: BNLData
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