
El impuesto a las apuestas en México subió del 30% al 50% desde enero de 2026, calculado sobre el monto total. Esto generó 166,3 millones de pesos en recaudación en la CDMX en el primer semestre, un 73,3% más que el año previo. La Corte Suprema definirá límites a tragamonedas y se avanzan controles contra el lavado de activos.
SCCG Take — Los operadores deben reajustar modelos ante la mayor carga fiscal y regulaciones en curso. La resolución de la Corte Suprema y la plena implementación de controles determinarán la sostenibilidad del sector en un marco normativo aún basado en la ley de 1947.
A partir de enero de este año, el impuesto a las apuestas en México pasó del 30% al 50%, calculado sobre el monto total apostado sin restar los premios pagados. Este ajuste modifica el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y ya se refleja en las cifras de recaudación fiscal. En la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas del DF reportó 166.3 millones de pesos recolectados en el primer semestre por erogaciones en juegos con apuestas, un incremento del 73.3% frente al año anterior, según un análisis de Estafa Info.
El repunte obedece principalmente a la reforma tributaria, aunque también contribuye el crecimiento de la actividad digital en el sector. Estos cambios se enmarcan en un proceso más amplio de actualización normativa que abarca tanto el juego presencial como el en línea.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisa las restricciones a las tragamonedas en casinos físicos establecidas en 2023. El gobierno anterior buscaba limitar su instalación por considerarlas el estímulo más problemático para jugadores compulsivos. Recursos de amparo presentados por empresas como Clíe, IGT-Mexicana de Juegos y Grupo Caliente habían detenido su aplicación.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propuso otorgar valor constitucional a esas limitaciones de 2023. La votación permanece pendiente y podría resolverse antes de fin de año. La administración de Claudia Sheinbaum mantiene el enfoque de su antecesor en materia de control del juego.
Se implementa el fin del anonimato para jugadores en línea como medida para prevenir el lavado de dinero, tras casos que involucraron a 13 casinos. La normativa se encuentra aún en fase de preparación, aunque ya se incorporó el control fiscal automático para operaciones presenciales y digitales. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) recibió mayores facultades para bloquear directamente páginas y aplicaciones sin licencia.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 sigue siendo el marco principal. Aunque se ha mencionado la posibilidad de una nueva legislación, no se han concretado pasos administrativos para su reemplazo. Los operadores enfrentan ahora una carga tributaria mayor y controles más estrictos, lo que exige ajustes operativos para mantener la viabilidad económica mientras se cumple con las obligaciones de compliance.
El incremento impositivo eleva los ingresos públicos pero plantea desafíos de rentabilidad para las empresas del sector. La resolución pendiente de la Corte Suprema definirá el alcance de las limitaciones físicas, mientras las medidas contra el juego ilegal buscan ordenar el mercado digital. Los reguladores y operadores deberán observar cómo estos cambios influyen en la inversión y la innovación sin generar incentivos al mercado clandestino.
Reporting: Estafa Info
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