
TL;DR — Carlos Baeza alertó que los bloqueos judiciales a 12 operadores de apuestas en Chile podrían bajar su GGR y la recaudación de IVA Digital. Las empresas cumplen la Resolución 69 del SII con pagos en octubre, mientras el Senado avanza en el proyecto regulatorio antes de fin de 2026.
SCCG Take — Las medidas de bloqueo aisladas arriesgan la tributación esperada y subrayan la urgencia de un marco regulatorio coherente que coordine fiscalización y sostenibilidad operativa en Chile.
Carlos Baeza, vocero de la Agrupación de Plataformas de Apuestas En Línea (aPAL), advirtió que los bloqueos a sitios de apuestas online en Chile podrían afectar los resultados operativos de las compañías y reducir la recaudación prevista del IVA Digital. La alerta se centra en el impacto sobre el Gross Gaming Revenue (GGR) de los operadores alcanzados por las medidas judiciales.
Según reportes de Zona de Azar, Baeza cuestionó el alcance de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. El recurso original de Lotería de Concepción pedía bloquear 12 direcciones URL, medida concedida en septiembre de 2025. La ampliación posterior del listado excede lo solicitado y la competencia de la corte, según su análisis. Esto podría afectar directamente a los 12 operadores incluidos en la sentencia de 2025, con consecuencias en su actividad, el GGR y los ingresos tributarios.
Los operadores vinculados a aPAL se concentran en cumplir la Resolución 69 del Servicio de Impuestos Internos (SII). Baeza confirmó que realizarán el pago del IVA Digital en octubre y calificó esta resolución como el principal llamado directo del Estado chileno a la industria. El régimen rige desde junio de 2020 e incluye a compañías sin domicilio ni residencia en Chile, como los operadores internacionales de apuestas online.
Aunque la Cámara de Diputados se pronunció contra el cobro de IVA a las plataformas, Baeza sostuvo que el debate es técnico y no político. Esa posición no implica rechazo al proceso de regulación del mercado online. Además, reconoció que el fallo de la Corte Suprema debe ser cumplido por las compañías de telecomunicaciones, pero una resolución judicial no equivale a una ley y no debería extenderse a empresas o sitios ajenos al recurso original.
aPAL no prevé acciones judiciales o administrativas inmediatas para revertir la situación. Sin embargo, operadores afectados por bloqueos de Subtel que no integren el listado de los 12 sitios originales podrían recurrir a las instancias legales correspondientes. Baeza también se refirió a la querella de Polla Chilena por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, que repite fundamentos de una acción cerrada en abril de 2025 tras decisión del Ministerio Público de no perseverar.
Baeza explicó que una reducción del GGR de los operadores podría derivar en menor recaudación del IVA Digital por parte del Estado. Expresó su expectativa de que ese efecto sea lo más limitado posible. Los operadores avanzarán con el cumplimiento tributario mientras se implementan los bloqueos ordenados y persiste el debate sobre su alcance legal.
En paralelo, el proyecto destinado a regular el mercado de apuestas online continúa su trámite en el Senado tras concluir la mesa técnica. El próximo paso será fijar un plazo para nuevas indicaciones antes de la discusión en particular en las comisiones de Economía y Hacienda, etapa que debería producirse antes de finalizar 2026. Esta instancia se considera central para definir un marco definitivo y resolver las tensiones actuales entre fiscalización, tributación y operación del sector.
Reporting: Zona de Azar
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We track regulatory friction across Latin America daily. Chile's disconnect—blocking sites while taxing them, courts expanding beyond their remit—shows what happens when enforcement runs ahead of law. Operators pay VAT in October, but blocks cut their GGR and the treasury's take. Smart money watches how this resolves before 2026 legislation lands.
SCCG angle: SCCG works with regulators, lawmakers, and operators across Latin America. When enforcement contradicts revenue policy, we broker the conversations that align stakeholder interests—connecting our clients to the right legal, tax, and government relations partners who know how to operate through ambiguity and position for the framework that's coming.
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