Informe del Instituto Res Publica cuestiona la coherencia constitucional de la regulación del juego online en Chile

Un informe del Instituto Res Publica incorpora una dimensión constitucional al debate sobre la regulación de las apuestas online en Chile. El estudio analiza si las diferencias de trato entre casinos presenciales y plataformas digitales cumplen con los principios de igualdad ante la ley, libertad de emprendimiento y no discriminación arbitraria, mientras el Senado discute un proyecto de marco regulatorio.

El documento titulado “Igualdad ante la ley, libertad de emprendimiento y no discriminación arbitraria: análisis del tratamiento regulatorio de las casas de apuestas en Chile” parte de la realidad actual: los casinos físicos operan bajo la Ley N° 19.995, con licencias, fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego y obligaciones de juego responsable. Las plataformas digitales, sin embargo, carecen de un marco legal específico aunque siguen activas en el país. Según el informe, cualquier diferencia regulatoria debe sustentarse en una base objetiva, una finalidad legítima y una relación proporcional entre medios y objetivos. Esto aplica incluso a la opción de no legislar, que también representa una decisión estatal sujeta al mismo estándar del Tribunal Constitucional.

Análisis constitucional de las asimetrías regulatorias

El informe resalta que mantener el escenario de incertidumbre jurídica no exime al Estado de justificar su posición. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las distinciones en actividades económicas comparables requieren justificación razonable y proporcional. El documento advierte que ninguna alternativa regulatoria queda exenta de este análisis, ya sea mantener el statu quo, establecer un régimen específico para el juego online, equiparar las exigencias entre operadores presenciales y digitales o aplicar restricciones uniformes a toda la industria del azar.

Un elemento central es la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) emitida el 2 de junio de 2026, que habilita un registro para que casinos online y plataformas de apuestas declaren y paguen IVA. Esta medida contrasta con acciones de otras instancias estatales orientadas a restringir o bloquear dichas plataformas, lo que profundiza las preguntas sobre coherencia estatal, como informa Solo Azar.

Alternativas regulatorias y posición del sector

Wilfred Adelsdorfer, CEO del Grupo Latamwin, sostuvo que las conclusiones del informe coinciden con las demandas de los operadores. “Queremos licencias, pagar impuestos en Chile, verificación de edad y estándares exigentes de juego responsable”, afirmó. Adelsdorfer cuestionó la coexistencia entre el cobro de IVA y las medidas de bloqueo, señalando que el problema se resuelve con legislación clara que permita operar en un mercado regulado.

El ejecutivo añadió que la ausencia de marco regulatorio no elimina la demanda de los usuarios chilenos, pero la deja fuera de sistemas formales de protección. En ese contexto, defendió mecanismos como verificación de edad, límites de gasto, herramientas de juego responsable y controles sobre los operadores. El informe subraya que tanto regular como mantener el escenario actual constituyen decisiones estatales que deben justificarse bajo principios constitucionales.

Reporting: Solo Azar

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